Por Natalia Quiñones y Caterine Galaz, Núcleo Diversidad y Género y Programa de Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile
Después del levantamiento social de octubre de 2019, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), más de 2500 personas fueron encarceladas y más de 11.300 detenidas. Muchas de ellas son adolescentes. Algunas aún se mantienen en prisión preventiva. Tanto para familiares como para distintas agrupaciones sociales, este tipo de actuación sólo demuestra la persistencia de la represión y la violencia de los dispositivos de seguridad del Estado.
Todo ello ha dejado huellas latentes en la población que son más profundas y complejas que sólo físicas. El recuerdo de un pasado dictatorial cívico militar que violó sistemáticamente los derechos humanos no es ajeno al contexto actual, en el que algunas prácticas de los distintos dispositivos de seguridad mantienen continuidades entre ambos periodos. Si bien la violencia en contra de manifestantes no constituye a una característica reciente en el actuar de las instituciones de seguridad, éstas fueron significativas dejando a miles de heridos/as, centenares de traumas oculares y más de 30 personas muertas. Hasta ahora y después de un año, no se evidencia una actuación contundente de la justicia que sea acorde a la magnitud de los hechos.