*Nota publicada por el diario El Mostrador
El Programa de Psicología Social de la Memoria emitió una declaración respecto a la situación de La Araucanía, en la que plantean que el Estado debe reconocer y frenar la violencia que ha ejercido contra el pueblo mapuche, y además se deben buscar “caminos de reparación y justicia”.
Una declaración que pone el foco en que el Estado debe reconocer y frenar la violencia contra el pueblo mapuche que históricamente ha sido negada y ha quedado en la impunidad, emitió el Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile a raíz de los hechos de violencia recientes en La Araucanía.
La declaración de los académicos plantea que las informaciones sobre “la violencia en la Araucanía, omiten -y lo han hecho por décadas- el carácter político de aquella que sufre el pueblo Mapuche, tanto de privados y forestales, pero sobre todo del Estado chileno”, por lo que subrayan que para avanzar en un diálogo se debe comenzar por dicho reconocimiento.
“Hoy, cuando las voces de muchos/as actores llaman, nuevamente, a frenar la violencia en la Araucanía es importante alzar la voz para exigir que el Gobierno reconozca que el Estado ha ejercido violencia contra el pueblo Mapuche de forma permanente y sistemática y que se establezcan compromisos concretos -a corto y largo plazo- de que esa violencia no sólo va a cesar en todas sus formas (policial, judicial, social, cultural, política), sino que se buscarán caminos de reparación y justicia”, señalan en la declaración titulada “Violencia política de Estado contra el pueblo mapuche: impune y negada”
Por eso añaden que “cuando el llamado “conflicto mapuche” vive uno de sus períodos más álgidos y el gobierno y otros actores piden y exigen soluciones, se vuelve crucial entender que no es posible iniciar ni avanzar en conversaciones entre las partes que lleven a buen puerto, si el Estado no reconoce y frena la violencia que ha ejercido contra el pueblo Mapuche”.
Declaración completa:
VIOLENCIA POLÍTICA DE ESTADO CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE: IMPUNE Y NEGADA
*Por Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile
Civiles armados y organizados infringen la cuarentena y desalojan por la fuerza a un grupo de
mapuches que tenían tomada la sede municipal en Curacautín bajo el grito racista “el que no salta
es mapuche”. Desconocidos descarrilan un tren en la Araucanía, se denuncia quema de galpones,
maquinaria forestal y ataques armados a predios y a efectivos policiales. Camioneros amenazan al
Gobierno con paro nacional, que bajan tras reunión en La Moneda. Y la Multigremial Nacional,
conformada por 165 gremios, hace una declaración pública exigiendo «a todos los poderes del
Estado actuar en el menor plazo para recuperar la paz social (en la Araucanía) y hacer prevalecer el
imperio de la ley». De otro modo, amenazan, “nos declaramos en libertad para tomar otro tipo de
acciones de manifestación con el objetivo de exigir a los poderes del Estado solucionar el
problema”.
Aunque los medios de comunicación escritos y los noticieros centrales de la TV hacen alusión
permanente a la violencia en la Araucanía, omiten -y lo han hecho por décadas- el carácter político
de aquella que sufre el pueblo Mapuche, tanto de privados y forestales, pero sobre todo del
Estado chileno.
No sólo los medios silencian esa violencia. La educación también. Nadie nos enseña sobre las
matanzas masivas de mapuches a finales del siglo XIX e inicios del XX -que incluyeron mujeres y
niños- en Lolco (1869), Lumaco (1881), Temuco (1881), Alto Biobío (1882) y Ránquil (1934), por
nombrar solo algunas. Tampoco se dice que, tras la ocupación forzosa de su territorio, la violencia
lejos de cesar aumentó: se produjeron todo tipo de acciones que incluyeron quema de siembras,
tortura, robos de animales y asesinatos en total impunidad. A los militares y fuerzas policiales se
unieron los colonos bajo la venia cómplice del Estado para apoderarse de las tierras y bienes
mapuche, recurriendo tanto al engaño como a la fuerza.
Un siglo después, el panorama no parece haber cambiado mucho y tiene el mismo denominador
común: El Estado chileno sigue ejerciendo violencia contra el pueblo Mapuche. Una violencia que
solo en los últimos 30 años se expresa -nuevamente- en la militarización de la zona, en asesinatos
de sus miembros a manos de fuerzas policiales y colonos (al menos 16 entre los últimos 10 años,
muchos impunes y otros con intento de ocultamiento), acusaciones de torturas y de abuso de
fuerza por agentes policiales y montajes efectuados por Carabineros para inculpar a dirigentes/as
mapuche de actos violentistas en la zona (Operación Huracán).
Cuando el llamado “conflicto mapuche” vive uno de sus períodos más álgidos y el gobierno y otros
actores piden y exigen soluciones, se vuelve crucial entender que no es posible iniciar ni avanzar
en conversaciones entre las partes que lleven a buen puerto, si el Estado no reconoce y frena la
violencia que ha ejercido contra el pueblo Mapuche.
Una violencia que se expresa -entre otras formas- a través de la ocupación forzosa de su territorio
y de su incorporación obligada a un sistema cultural nacional que asedió sus espacios de
reproducción social, económica y cultural.
Una violencia que se “legaliza” bajo términos como “seguridad” y “combate al terrorismo”, que ha
permitido hacer uso de la fuerza policial y militar ante cualquier intento de resistencia política y
que tiene como punto cúlmine la militarización de la zona en los últimos 30 años.
Una violencia que se revela en las desigualdades que conlleva su proceso de anexión e
incorporación a la sociedad nacional. Por ejemplo, la desigualdad ante la ley, donde vemos a
personas mapuche encarceladas por años, sin juicio ni condena, versus agentes estatales culpables
de asesinatos de indígenas que cursan penas sustitutivas. Desigualdad en el trato que las
entidades y las autoridades estatales tienen hacia ellos/as en relación con otros/as agentes que se
instalan en el mismo territorio, como las forestales, cuya explotación de recursos en su territorio
es posible gracias a un decreto firmado en dictadura y ampliado durante la transición.
Aunque en el Informe de la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato” (2003), hubo un
reconocimiento de esa violencia estatal contra este Pueblo, el gesto no alcanzó a transformar o
subvertir las desigualdades señaladas. Y es que ningún reconocimiento vale ni tiene sentido, si no
se acepta que eso significa deuda y reparación, conlleva justicia, fin de la impunidad y término de
las acciones violentas por parte del Estado.
El Estado prefirió quedarse con ese débil reconocimiento y abordar el tema desde lo policial y
represivo, bajo la convicción de que la seguridad y el orden público son un bien mayor que las
vidas humanas y sin considerar las demandas políticas del pueblo Mapuche. El Estado no reconoce
ni repara ni menos compensa las violencias que ha ejercido sobre esta población.
La represión policial vivida por los chilenos/as tras el estallido social del 18 de octubre, sus
consecuencias en miles de vidas y la negación del Estado y del gobierno de que existieron
violaciones a los DD.HH. hizo que muchos/as no mapuche empatizaran y creyeran en los
testimonios de estos sobre los abusos permanentes de los que son objeto. De hecho, la bandera
mapuche se volvió un emblema de las “protestas”.
Hoy, cuando las voces de muchos/as actores llaman, nuevamente, a frenar la violencia en la
Araucanía es importante alzar la voz para exigir que el gobierno reconozca que el Estado ha
ejercido violencia contra el pueblo Mapuche de forma permanente y sistemática y que se
establezcan compromisos concretos -a corto y largo plazo- de que esa violencia no sólo va a cesar
en todas sus formas (policial, judicial, social, cultural, política), sino que se buscarán caminos de
reparación y justicia.