Comprender la violencia policial a partir de la experiencia de agentes que ejercen como defensores/as de derechos humanos es el objetivo de la investigación: “Prácticas y discursos de defensores/as de los derechos humanos en torno a la violencia policial en el Chile actual”, de la doctora en Psicología de Universidad de Chile y de la Universidad Autónoma de Barcelona, Tamara Jorquera.
Jorquera, quien actualmente es investigadora postdoctoral en el Programa Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile, analiza en su estudio la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos en organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la protesta, organizaciones de víctimas e instituciones estatales. A partir de esto, busca conocer actores, roles y relaciones involucradas en la violencia policial, como también sus efectos.
Solo un mes después de presentada esta investigación, se produjo el estallido social de 2019, que se caracterizó por una amplia violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos en Chile, lo que permitió analizar el fenómeno en toda su dimensión.
Esta investigación sobre violencia policial fue presentada un mes antes del estallido social de 2019, que estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos ¿Cómo ese hecho impactó su investigación?
-Presenté el proyecto para el FONDECYT Postdoctoral en septiembre 2019, pero fue aprobado unos meses después y comenzó efectivamente el 15 de abril de 2020. Es decir, un mes antes del estallido era posible afirmar claramente que en Chile existía violencia policial, tomando en consideración lo que se venía informando hace años en informes de organizaciones de derechos humanos. Había suficiente evidencia de que existían violaciones de derechos humanos por parte de carabineros, principalmente, hacia varones jóvenes de contextos vulnerables, pueblos indígenas y población LGTBIQ+, y ciertos lugares especialmente, como en protestas y bajo custodia policial en vehículos policiales y comisarías. Con estos antecedentes formulé el proyecto antes del estallido social, pudiendo afirmar que la violencia policial era un problema en Chile. Lo que he visto en mi investigación es que a partir del estallido y luego, durante toda la revuelta social hasta ahora en el 2021, la violencia policial que ya existía se multiplicó.
– ¿Tuvo más impacto que otros hechos de violencia, porque se hizo más visible ante la opinión pública y por su masividad?
-Efectivamente. Porque no hay prácticas nuevas, todo lo que ha pasado ya se había hecho antes, pero en menor escala. Había, antes del 2019, personas con trauma ocular, personas quemadas con los químicos de los cañones de agua, personas asesinadas a golpes por carabineros, personas atropelladas por vehículos policiales. Pero en la revuelta social se transversalizaron los motivos para protestar y comenzó a salir tanta gente a manifestarse, que carabineros respondió haciendo lo que ya sabían hacer. Lo que hacen, con apoyo del gobierno, es priorizar el restablecimiento del denominado orden público por sobre derechos humanos como el derecho a la protesta (libertad de expresión y libertad de reunión), el derecho a la vida y la integridad física, y todos los derechos que exigen mediante el ejercicio del derecho a la protesta, tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
-Violaciones a los derechos humanos que, al final, impactan a toda la sociedad.
-Sí, es muy importante destacar que las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde octubre de 2019 no son solamente contra el derecho a la vida e integridad física. Los derechos humanos son interdependientes, por lo que el problema no es solo que la violencia policial implique un daño a manifestantes y transeúntes, sino que se daña a la sociedad cuando interfiere injustificadamente en el ejercicio del derecho a la protesta (agrediendo a manifestantes, impidiendo la reunión, dispersando, copando el sector), pues este es el derecho a exigir que se respeten, garanticen y protejan todos los demás derechos.
Por otro lado, en mi proyecto de investigación yo planteaba que la violencia policial no solo ocurre en contextos de protesta, sino que también afecta fuertemente a jóvenes en las poblaciones, por lo que propuse un diseño de investigación que abarcara protestas y también estas otras violencias policiales mucho más invisibilizadas.
-Jóvenes de poblaciones que antes de la revuelta social de 2019 y después de esta, siguen siendo una de las principales víctimas de estos abusos…
-Claro y eso también da una perspectiva para analizar cómo ha sido la violencia policial durante la revuelta social, pues se cruzan estas dos líneas (protesta + jóvenes en poblaciones) para formar un campo de ejercicio de la violencia policial de forma desatada y casi siempre impune. Según lo que estoy analizando en mi investigación, cuando la violencia policial afecta a estos jóvenes, en muchos casos no solo son victimizados/as, sino que son criminalizados/as al mismo tiempo, y acaban siendo imputados por delitos. Entonces el sistema de administración de justicia aparece también como un actor que tiene incidencia en todo el proceso que implica la violencia policial.
-Ambas instituciones que han ido perdiendo credibilidad frente a la opinión pública.
-Hay que considerar que la acción policial tiene como principal fuente de legitimación su calidad de violencia legalmente ejercida. La policía encarna la facultad del Estado de ejercer el monopolio de la violencia física legítima, lo que se potencia como fuente de validez de sus acciones al no ser denominada directamente como violencia, sino como “uso de la fuerza”.
A pesar de los antecedentes de violaciones a los derechos humanos previos al estadillo, se hablaba de la violencia policial como un “no-tema” de la agenda pública en Chile. ¿Las razones? Ausencia de sociedad civil organizada, control estatal débil y gran autonomía de Carabineros para actuar, discurso público de combate a la delincuencia: víctimas de violencia policial son personas de bajo estrato social o que han cometido un delito y- ausencia de una entidad Defensora del Pueblo.
– ¿Qué rol juegan los/las defensores/as de derechos humanos en la prevención y persecución de justicia de este tipo de hechos y porque su estudio indaga la violencia desde sus discursos y experiencias?
-Yo estoy trabajando con tipos bien específicos de personas defensoras de derechos humanos, aunque el marco es mucho más amplio (por ej. comunicadores/as, brigadas de salud y rescatistas son también defensoras de derechos humanos protegidas según el marco internacional de derechos humanos). En mi investigación trabajo con personas que ejercen como observadoras de derechos humanos en protestas y personas que trabajan apoyando a víctimas de violencia policial (entendiendo a las familias y personas cercanas como parte de la categoría de víctima).
Son muy relevantes las tareas que hacen estas personas defensoras como observar, ser testigos directos, registrar, sistematizar la información, analizar la información desde el marco de derechos humanos, elaborar informes, visibilizar el problema en distintos espacios, apoyar en las denuncias, hacer incidencia, formarse y educar sobre el tema y, en algunos casos, acompañar a las víctimas en todo el proceso. En esta cadena de actividades que realizan, analizadas como formas de resistencia a la violencia policial, he ido identificando características del ejercicio de poder al que resisten. Estos defensores/as reconocen la violencia policial, la visibilizan, se protegen de ella en su quehacer cotidiano, la contextualizan y la denuncian. Esto nos habla de la contracara en la relación, entonces es posible afirmar que la violencia policial se naturaliza como una práctica legítima contra ciertos grupos de la población, se oculta invisibilizándose en espacios cerrados como vehículos y comisarías, o se normaliza mediante su uso reiterado contra manifestantes, dejando de escandalizar por su sobreexposición. Tiene mecanismos de impunidad y produce efectos paralizantes, desmovilizadores, que contribuyen a preservarla.
– ¿Cómo puede contribuir esta mirada al campo de estudio de la violencia policial?
La producción académica sobre violencia policial como campo de estudio se organiza principalmente en tres ámbitos: violencia policial que afecta a grupos vulnerables dentro de cada sociedad (mayor volumen de publicaciones asociadas), condiciones de posibilidad de la violencia policial (cómo se normaliza, permite, justifica o no se previene adecuadamente) y la violencia policial como un problema de salud pública (impacto en la salud en lo físico, social, emocional y psicológico).
Considerando estos elementos, en esta investigación pretendemos contribuir a los debates actuales en el campo de estudio de la violencia policial, a partir de un conocimiento situado desde quienes habitualmente se vinculan a ella, no desde el punto de vista técnico o académico, sino desde el quehacer cotidiano como personas defensoras de derechos humanos.
Estudiar los discursos y prácticas de defensoras de derechos humanos cuya labor se relaciona con la violencia policial puede contribuir a valorar el poder de la acción colectiva en este ámbito y a problematizar la violencia policial como un asunto público y político, a contrapelo de las formas dominantes de individualizar y privatizar las situaciones de victimización por parte de policías que las convierten en un asunto entre particulares.
-¿Cuáles son los resultados de su investigación?
-Todavía son resultados preliminares, pues queda poco más de la mitad del periodo de investigación. Por una parte, estoy avanzando en la comprensión de la violencia policial como un ejercicio de poder, desde su contracara, que es la resistencia desde los discursos y prácticas de personas defensoras de derechos humanos. En relación a estas prácticas de resistencia, también he visto que el cuerpo tiene un lugar relevante, porque sirve como recurso al mismo tiempo que es un cuerpo vulnerable. Por otra parte, con respecto a los actores que sostienen la violencia policial, estoy viendo que son mucho más amplios de lo que esperaba y es un ámbito que todavía debo seguir analizando. Finalmente, las condiciones de posibilidad que aumentan la violencia policial parecen ser consistentes con los antecedentes previos a esta investigación, es decir, los contextos y sujetos más vulnerables están bastante definidos. Esto es una ventana de oportunidad para proponer políticas públicas de prevención de este tipo de violaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo se ve difícil empujar estos cambios, porque son contextos y sujetos que parecen no importar a quienes están en posiciones de poder y su victimización se considera más bien un daño colateral frente a la protección de objetivos a los que se les da más prioridad, como el denominado orden público.
Tamara Jorquera: “Antes del estallido social ya había evidencia que en Chile existían violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros».
